Madrid (España), 6 de feberro de 2012
Año 9, Núm. 364
Director: José Guilló Sánchez-Galiano

[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 79/2012 de la Comisión, de 31 de enero de 2012, por el que se establecen las normas de aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) no 904/2010 del Consejo relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido
[DOCE 1 - 2 - 2012] [Texto completo]

[BOE] Resolución de 26 de enero de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministerio del Interior sobre encomienda de gestión para la expedición de visados en fronteras y la prorroga de visados en España.
[BOE 3 - 2 - 2012] [Texto completo]

[BOE] Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014.
[BOE 6 - 2 - 2012] [Texto completo]

[BOE] Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.

El Título I contiene las medidas relativas al saneamiento del sector financiero. Se trata, esencialmente, de articular nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales, orientados en exclusiva a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria. De este modo, ha de lograrse una mejora del tratamiento prudencial del riesgo de crédito que aún pudiera estar lastrando los balances del sector financiero español, al tiempo que se tratan de disipar las incertidumbres que vienen dificultando su normalización y la recuperación de su función canalizadora del ahorro a la economía real.

El eje central del saneamiento de los balances se articula a través de un nuevo esquema de cobertura para todas las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deuda relacionados con sector inmobiliario. Este nuevo régimen se establece en tanto subsistan las incertidumbres extraordinarias que, por falta de mercados suficientemente profundos en volumen e importancia de transacciones, existen sobre la valoración de activos relacionados con suelo para promoción inmobiliaria en España y con las construcciones o promociones inmobiliarias en España de todo tipo de activos, tanto en curso como terminadas. Estos nuevos requerimientos responden a la situación efectiva a día de hoy de los activos inmobiliarios de las entidades de crédito, concebidos de modo realista para obtener una estimación razonable del deterioro para el conjunto de las carteras de estos activos, que se deben reconocer de acuerdo con el marco contable aplicable en España. Se impone, asimismo, un nuevo requerimiento de capital suplementario de la máxima calidad (capital principal), sobre la misma base de cobertura de activos dudosos o subéstandar o adjudicados en pago derivados de la financiación de suelo para promoción inmobiliaria.

El ajuste de las entidades a estas nuevas exigencias habrá de ejecutarse durante este mismo año 2012, de modo que, antes del 31 de marzo, habrán de presentar al Banco de España su estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento. De este modo, los efectos positivos sobre la confianza, transparencia y sostenibilidad de nuestro sector financiero habrán de alcanzarse sin más demoras.

Asimismo, se ha establecido un mecanismo de flexibilización para aquellas entidades que requieran modificaciones organizativas de carácter estructural para acometer los ajustes derivados de los nuevos requerimientos legales. De este modo, se amplían los plazos para dar cumplimiento a los ajustes. Aquellas entidades de crédito que lleven a cabo procesos de integración durante el ejercicio 2012, dispondrán de un plazo adicional de doce meses para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos. Para que las entidades de crédito puedan acogerse al régimen previsto, es necesario que el proceso de integración cumpla con una serie de requisitos. Estas exigencias se orientan a asegurar que el proceso de integración tenga un volumen mínimo significativo, a que se incluyan compromisos y objetivos como la adopción de medidas para la mejora del gobierno corporativo de las entidades, al incremento del crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas, o a la colocación en el mercado de los activos inmobiliarios propiedad de las entidades.

Por su parte, el Título II realiza algunos ajustes en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, para facilitar el papel del FROB ante el nuevo contexto regulatorio.

En lo que concierne al artículo 9 del Real Decreto-ley 9/2009, relativo a los instrumentos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, este real decreto-ley viene a realizar ciertos ajustes o actualizaciones necesarias. Se restringe el cauce de apoyo financiero del FROB a la adquisición de acciones, salvo para los procesos competitivos de desinversión, que podrán ir acompañados de otro tipo de herramientas de ayuda. Asimismo, se reduce el plazo de desinversión de cinco a tres años. Por último, se procede a la supresión de la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación.

En relación con el artículo 10 del Real Decreto-ley 9/2009, la principal modificación que se introduce es la ampliación de los instrumentos que puede adquirir el FROB para incluir los convertibles en acciones, lo que supera el marco anterior circunscrito a las participaciones preferentes.

El Título III prevé la modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

Por un lado, se pretende la simplificación de la estructura organizativa y los requisitos operativos de las Cajas de Ahorros que ejercen su actividad de forma indirecta. Así, los órganos de gobierno se reducen a la Asamblea General y al Consejo de Administración, siendo potestativa la Comisión de Control. Del mismo modo, se señala que el número de miembros de los órganos de gobierno así como la periodicidad de sus sesiones serán determinados por los estatutos de la Caja de Ahorros atendiendo a la dimensión económica y a la actividad de la entidad, con el fin de que se produzca un ajuste y redimensionamiento de la estructura organizativa de las Cajas de Ahorros a una nueva realidad, en la que se han desprendido de toda la actividad financiera que desarrollaban.

Por otro lado, se establece un límite a la disposición de los excedentes que obtengan las Cajas de Ahorros de modo que, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de recursos propios, las cajas de ahorros de ejercicio indirecto no podrán destinar más del 10 % de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social. Y ello sin perjuicio de que pueda autorizarse el destino de porcentajes superiores necesarios para atender a gastos esenciales de funcionamiento de las entidades. También se introducen disposiciones para simplificar el funcionamiento, periodicidad y forma de convocatoria de las Asambleas Generales.

Continuando con la línea de simplificación del funcionamiento de las Cajas de Ahorros de ejercicio indirecto, se les exime expresamente del cumplimiento de las obligaciones referidas a servicios de atención al cliente, que, en todo caso, deberán ser cumplidas por la entidad de crédito a través de la cual ejerzan su actividad. El Banco de España podrá adaptar o eximir igualmente del cumplimiento de los requerimientos organizativos en materia de control interno, auditoría y gestión de riesgos recogidos en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo.

Finalmente, se introduce una referencia al supuesto en que las Cajas reduzcan su participación de modo que no alcance el 25 % de los derechos de voto, supuesto en el cual también deberán renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito, aunque mantuvieran una posición de control.

En estos supuestos de pérdida de control o reducción de la participación por debajo del límite señalado, las Cajas de Ahorros perderán su condición de entidades de crédito y se transformarán en una fundación especial. Se establecen determinadas especificidades para las fundaciones de carácter especial de ámbito estatal.

El Título IV contiene el régimen aplicable a las retribuciones de los administradores y directivos de entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Dicho régimen parte de una distinción entre las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo y aquellas que, de otro modo, han sido asistidas por él, imponiendo unas reglas más estrictas en el caso de las primeras. Las reglas contenidas en este título no hacen sino continuar la senda marcada por las recomendaciones del Financial Stability Board (FSB) y de la Comisión Europea, la Directiva 2010/76/UE, de 24 de noviembre de 2010 y las normas que han incorporado al derecho español esta última. Asimismo, el régimen establecido ha tomado en consideración el contenido del Informe sobre Remuneraciones emitido el pasado 27 de enero por el Banco de España en respuesta a la solicitud del Ministro de Economía y Competitividad.

Asimismo, en la parte final de la norma se introduce un tratamiento especial y más flexible para aquellas entidades de crédito que tengan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles emitidas antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley. Podrán incluir en el plan de cumplimiento que desarrollen, la solicitud de diferir el pago de la remuneración prevista a pesar de la ausencia de beneficios o reservas distribuibles o la existencia de un déficit de recursos propios. Al mismo tiempo, se modifica la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, flexibilizando algunos requisitos de estos instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles para su cómputo como capital principal.

Finalmente, con el fin de facilitar la gestión de las garantías financieras que otorgan las entidades financieras a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales de la Unión Europea, se modifica la disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Ello tendrá como consecuencia una reducción en el coste operativo de dichas actuaciones además de repercutir favorablemente en las operaciones que las entidades financieras llevan a cabo con el Eurosistema, destacando, en especial, una mayor facilidad operativa para recibir financiación del mismo.

En definitiva, la adopción de las medidas contempladas en este Real Decreto-ley conduce al fortalecimiento del sector financiero por la vía de acometer el necesario saneamiento de su situación financiera. Los efectos de la crisis inmobiliaria sobre los balances de las entidades han generado una espiral de incertidumbre sobre el conjunto del sector que no puede prolongarse más. Resulta, por ello, imperativo e ineludible en el actual contexto económico, intervenir legislativamente al objeto de eliminar las incertidumbres sobre nuestra estabilidad financiera y contribuir a reforzar la confianza en nuestro sistema financiero, consiguiendo que se originen dinámicas positivas que generen crédito y faciliten el acceso a la financiación por parte de nuestras empresas y familias. Es por ello que la adopción de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley, cumpliéndose los requisitos del artículo 86 de la Constitución Española en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad.

[TC] Distribución de competencias en materia laboral: vulneración de las competencias ejecutivas autonómicas al asignarse a un órgano estatal la aplicación de las medidas administrativas que hubieran de adoptarse en relación con las empresas que contasen con centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma.
El presente proceso constitucional ha de resolver el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña contra el art. 8 de la Orden de 24 de julio de 2000, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regula el procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabajadores discapacitados en empresas de cincuenta o más trabajadores, reguladas por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. El precepto cuestionado, en los términos literales reproducidos en los antecedentes y en lo que interesa al presente conflicto de competencias, dispone que la competencia para dictar las resoluciones a las que se refiere el Real Decreto 27/2000, corresponderá, en atención al domicilio del centro de trabajo de la empresa, a los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de políticas activas de empleo, aunque también pueden corresponder al director provincial del Instituto Nacional de Empleo cuando la empresa disponga de centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma.
La Generalitat denuncia que el precepto impugnado vulnera sus competencias en materia laboral, vulneración que se produciría por el hecho de que asigna a un órgano estatal, el desaparecido Instituto Nacional de Empleo, la ejecución de las medidas administrativas que hubieran de adoptarse en aplicación de lo regulado en el Real Decreto 27/2000, siempre y cuando la empresa en relación con la cual se adoptasen esas medidas contara con centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma. El Abogado del Estado, por el contrario, justifica la atribución de la competencia ejecutiva a un órgano estatal en la extraterritorialidad de la competencia autonómica y en la naturaleza y contenido de las resoluciones a adoptar.
El Constitucional estima el conflicto. [Texto completo]

[TS][Contencioso-Advo] Nacionalidad. No puede obtenerla quien practicó la opligamia en su país de origen
El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia de fecha 9 de junio de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 3ª) en el recurso 911/2008 , interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 2 de septiembre de 2008, denegatoria de la nacionalidad por residencia del solicitante. La resolución administrativa denegatoria de la nacionalidad española se fundamentó en la siguiente razón:
"No ha justificado suficiente grado de integración en la sociedad española, artículo 22.4 del Código Civil , al comprobarse que opta por la poligamia. La integración en cualquier sociedad exige la aceptación y seguimiento de sus principios sociales básicos, especialmente aquellos recogidos en disposiciones legales que disciplinan los presupuestos esenciales de la convivencia entre ciudadanos". [Texto completo]

[TS][Penal] Inmigración ilegal de chinos con destino al Reino Unido via Madrid. Piso patera.
La Audiencia condena porque Luciano y Ramón alias " Cerilla " y Juan Miguel alias " Gamba ", cuyos datos de filiación constan, mayores de edad y sin antecedentes penales, en fecha no determinada pero comprendida entre el año 2 007 a febrero de 2008, introdujeron, con ánimo de lucro, en España a distintas personas procedentes de China y en concreto de la región de Fujian. Para ello, se les proporcionaba pasaporte y billetes de avión, adiestraba respecto a las preguntas que tenían que contestar en el paso de fronteras. El destino final de los inmigrantes clandestinos era España u otro país como el Reino Unido, en tal caso, se les alojaba en diferentes domicilios en los que permanecían hasta que partían al país de destino o hasta en tanto en cuanto saldaban su deuda, la que podía ascender en el caso de ser España el país de destino 20.000 € y de ser el Reino Unido 27.000 €.
El Supremo desestima el recurso [Texto completo]

El Gobierno abre la puerta a una nueva reforma de la Seguridad Social
Los ajustes para evitar el déficit serán automáticos con la ley de Estabilidad (lavanguardia.es) [31 - 1 - 2012] [Texto completo]

Sólo los licenciados que acaben en 2012 y 2013 no harán el máster de acceso
Sólo los estudiantes de Derecho que acaben su licenciatura en 2012 y 2013 estarán finalmente exentos de hacer el máster de acceso a la Abogacía, según han confirmado a EXPANSIÓN fuentes del Ministerio de Justicia. (expansion.com) [31 - 1 - 2012] [Texto completo]

Insultar a la reina en Tailandia se paga con 20 años de cárcel
El Gobierno tailandés intensifica la represión contra las ofensas a la corona en las redes sociales (publico.es) [31 - 1 - 2012] [Texto completo]

Comparecencia del Ministro de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de Justicia.
Reproducimos integra la comparecencia del Ministro para exponer su programa de gobierno [1 - 2 - 2012] [Texto completo]

Las parejas podrán casarse y divorciarse de mutuo acuerdo ante notario
El ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria. (elmundo.es) [1 - 2 - 2012] [Texto completo]

Mohamed VI indulta a tres ideólogos de los atentados de Casablanca
El ataque más mortífero fue el perpetrado contra la Casa de España, donde murieron 20 personas, cuatro de ellas españolas [6 - 2 - 2012] [Texto completo]

La ablación genital amenaza a miles de niñas inmigrantes en España
Este lunes se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra esta práctica, reconocida como una violación de los derechos humanos. [6 - 2 - 2012] [Texto completo]